Resumen: La demandante reprocha a su gestora y asesora laboral un asesoramiento erróneo a consecuencia del cual perdió bonificaciones y subvenciones, con la consiguiente obligación de reintegro de cantidades y abono de intereses. En el ámbito de la relación contractual de arrendamiento de servicios profesionales, la carga de probar que se ha infringido por el profesional la "lex artis" incumbe al actor, sin que baste una mera alegación. La relación entre asesor laboral y cliente está basada en la confianza, precisamente por el desconocimiento que tiene la persona que acude a dicho profesional buscando un asesoramiento y asistencia técnica para resolver asuntos que se le presentan; de ahí que la diligencia exigible al profesional en la prestación del servicio sea mayor que la genérica del buen padre de familia. El reintegro de bonificaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social se debió en este caso, presumiblemente, al incumplimiento de las específicas obligaciones de mantenimiento de la plantilla durante el periodo de tiempo establecido por la norma, y no cabe exigir responsabilidad a la asesoría laboral por decisiones que no le son imputables.
Resumen: Estima el recurso interpuesto y revoca la sentencia apelada en el sentido de incrementar las cantidades objeto de condena por las rentas debidas así como incluyendo la condena en costas de la primera instancia. En primer lugar, y con relación al importe de las rentas, entiende que no tuvo en cuenta que no existían dos rentas diferentes para el primer año y las sucesivas anualidades, sino una misma renta, sin que la arrendataria hubiese cuestionado en su contestación a la demanda el importe y corrección de las sumas reclamadas; también entiende que procede incluir el IVA de las reparaciones en el inmueble arrendado dado que dicho impuesto no fue incluido en el informe pericial que valoró dicho daños. Por lo que respecta a la condena en costas de la primera instancia, recuerda que la estimación sustancial de la demanda sirve para justificar la imposición de costas a aquel contra el que se ha estimado en sus aspectos más importantes, cualitativa o cuantitativamente, la pretensión ejercitada, equiparándose así una estimación sustancial a la total. En este caso, entiende que se está ante una estimación sustancial y no parcial de la demanda, realizando un juicio comparativo entre lo que fue solicitado en su demanda por la entidad apelante y el resultado final del procedimiento que refleja la sentencia apelada, del que resulta que la diferencia entre lo pretendido en la demanda por la entidad apelante y lo concedido no puede sostenerse que sea de considerable entidad.
Resumen: Es objeto de impugnación el pronunciamiento relativo a la imposición de costas ya que la Administración entiende que no procedería dicha imposición al no haber existido posición por su parte la extensión de efectos solicitada. La Sala entiende que un supuesto en que la extensión de efectos se ha acordado por el Juzgado sin oposición de la administración y sin actuación administrativa previa del recurrente en la vía administrativa solicitando el reconocimiento del derecho, no es procedente la imposición de costas debiendo aplicarse supletoriamente a lo dispuesto en la ley de enjuiciamiento civil siendo dicho criterio el más coherente con los artículos 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 75 de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa
Resumen: Desestima el recurso y confirma la sentencia apelada en el único particular discutido en la alzada, la no condena al pago de intereses y costas de un futuro proceso de ejecución derivado de la cantidad objeto de condena por la declarada responsabilidad del administrador por deudas sociales. Parte de la base de que no existe inconveniente legal en incluir dentro de la condena al administrador las sumas debidas por la mercantil administrada por intereses y costas fijadas en otro litigio, ya que no nos encontramos ante una condena de futuro, pues ya consta declarado el derecho de la actora a su cobro. Lo único que ocurre es que la suma no está determinada al no estar tasadas las costas o liquidados los intereses. No obstante, en este caso se rechaza dado que el apelante que no ha acreditado esa previa condena, que es requisito necesario para justificar la condena al administrador, ni en relación a los intereses ni a las costas, sin que ni siquiera hubiese acreditado que se haya iniciado ningún procedimiento ejecutivo frente la sociedad e incluso la solicitud se plantea de forma hipotética, para el caso que la ejecución fuera necesaria.
Resumen: Cuestionamiento, en trámite de cuestiones previas, del alcance de los hechos susceptibles de ser enjuiciados. El auto de transformación a procedimiento abreviado es una resolución judicial que pone fin a la fase de investigación y concreta, con carácter vinculante para las partes, el ámbito objetivo y subjetivo del procedimiento, de forma que los escritos de acusación que, en su caso, puedan formularse solo podrán ser dirigidos frente a la persona o personas contra las que el instructor decide continuar el procedimiento, a través de la llamada fase intermedia, y sólo por los hechos que dicho Juez ha determinado en dicho auto. Eso sí, las acusaciones podrán calificar estos hechos como lo estimen oportuno, al no estar vinculados por la calificación del instructor, y son libres de formular acusación por solo algunos y no por todos los hechos que se recogen en el auto de procedimiento abreviado. Como matización, la vinculación a los hechos del auto de incoación de abreviado no es rígida o absoluta, sino que las acusaciones pueden añadir aspectos fácticos que puedan considerarse comprendidos en el enunciado general del auto. Costas de la acusación popular. El ejercicio de la acción popular por un ente no imbricado en la dinámica delictiva nunca puede, cuando existe una acusación pública ejercitada por el Ministerio Fiscal, dar origen a tal forma de resarcimiento (costas procesales), si bien existen matizaciones para el caso de delitos que contemplen intereses difusos.
Resumen: La discriminación directa al varón ubica el momento de producción de la consecuencias del complemento a la pensión con efectos ex tunc, sin que sea posible entender que la solicitud tardía del complemento deba considerarse prescrita ni limitar sus efectos a los 3 meses anteriores a la solicitud. Añade dos argumentos adicionales de la no prescripción. En primer lugar, que el dies a quo del plazo de solicitudes cuyo hecho causante sea anterior al dictado STJUE 12-12-2019 (13) nunca sería antes de esta sentencia que declaró la discriminación al varón, no pudiendo comenzar plazo de prescripción alguno. Y en segundo lugar, sostiene el Alto Tribunal que por la propia naturaleza del complemento, éste (igual que complemento a mínimos o el de reducción de brecha de género) son accesorios a la pensión contributiva que complementa la pretensión está ínsita a la pensión, solicitada en plazo los posibles complementos no prescriben. La eventual zozobra moral o las molestias materiales derivadas de ese acudimiento a los órganos de la jurisdicción social quedan englobadas en tal reparación a tanto alzado. La compensación de los daños derivados de la discriminación adicional derivada de la denegación del denominado complemento de maternidad a los varones por parte del INSS cuando ya había sido establecido por el TJUE el carácter discriminatorio y contrario al derecho de la Unión de la regulación que reservaba exclusivamente dicho complemento a las mujeres, debe ser fijada en 1800 euros.
Resumen: Nulidad por abusividad de la cláusula de gastos de la escritura de préstamo hipotecario. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y declaró la nulidad de la cláusula de gastos con restitución de las cantidades reclamadas. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación formulado por el banco, declarando prescrita la acción de reclamación de las cantidades abonadas por gastos, de cuya pretensión absolvió a la entidad prestamista, sin imposición de costas en ambas instancias. Allanamiento de la entidad demandada, ahora recurrida. La sala recuerda que el allanamiento de la parte recurrida/demandada también tiene efectos en casación en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil y, en consecuencia, estima el recurso de casación y, al asumir la instancia, confirma la sentencia de primera instancia, y desestima el recurso de apelación.
Resumen: Reiteración de la doctrina jurisprudencial de las STS 580/2020 y 581/2020 sobre novación de cláusulas suelo de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el caso el acuerdo novatorio supera el control de transparencia en atención a las siguientes circunstancias: fue adoptado cuando ya se había publicado la STS 241/2013, de 9 de mayo, y existía un conocimiento generalizado sobre la cláusula suelo y las exigencias de transparencia; redacción clara e inteligible para que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda comprender las consecuencias jurídicas y económicas (inicial interés fijo y aplicación subsiguiente del sistema de interés variable sin límites a la variabilidad del interés). La validez de la novación no subsana la nulidad de la cláusula suelo originaria, que se mantiene, así como la consecuente condena a la entidad demandada a la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo, declarada nula, hasta la fecha de aplicación establecida en el acuerdo novatorio. Costas procesales: aunque la demanda ha sido estimada en parte, procede mantener la condena en costas en primera instancia, en aplicación de la doctrina de la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19.
Resumen: El accidente se produce por una descarga eléctrica por acceder el trabajador a una zona de peligro por riesgo de contacto eléctrico con elementos de tensión; por una incorrecta planificación de los trabajos, ya que, en el proyecto, estudio de seguridad y plan de seguridad no se ha tenido en cuenta la existencia de la bandeja de cables en tensión; por no haberse identificado el riesgo eléctrico existente, presencia de la bandeja con conductores en tensión; el sistema de comunicación vertical entre las diferentes empresas participantes no ha sido correcto;y el accidente de trabajo se produce por la existencia de un riesgo grave e inminente por contacto eléctrico no previsto por la empresa SIDENOR, contemplando este hecho como el único causante del accidente sin responsabilidad del tabajaor. En lo que respecta a la imposición del recargo con carácter solidario a la empresa ARCHANDA, es el expediente sancionador, que termino con resolución firme, es donde debía discutirse la posible responsabilidad de las empresas implicadas, dada la materia sobre la que versa, pero en el que nos ocupa, solo puede tratar sobre el recargo de prestaciones impuesto a la única empresa considerada responsable, esto es, Sidenor y, en su caso, su minoración o exención.
Resumen: Acción de nulidad de cláusula incluida en préstamo hipotecario que atribuía todos los gastos del contrato al consumidor/prestatario. La demanda fue desestimada en apelación por apreciarse que la acción estaba prescrita. Recurre en casación la parte demandante y el banco se allana al recurso. El allanamiento de la parte recurrida-demandada también tiene efectos en casación y debe dar lugar a la estimación de la demanda, en aplicación del principio dispositivo que rige en el proceso civil. El allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan. En consecuencia, se confirma la sentencia de primera instancia salvo en el pronunciamiento relativo a las costas, ya que, estimada la acción de nulidad por ser abusiva una determinada cláusula, aunque no se hayan estimado todas las pretensiones de la demanda, procede imponer las costas de primera instancia al banco
